Por Raul Jimenez Vazquez ~ Siempre ~ Octubre, 2018
“México debe frenar esta arremetida y si es incapaz de hacerlo, yo llamaré a los militares de Estados Unidos y cerraré nuestra frontera sureña”. Esa fue la severa amenaza lanzada por Donald Trump a fin de obligar al gobierno mexicano a detener la caravana de los 4 mil centroamericanos iniciada días antes en San Pedro Sula, Honduras, a quienes calificó de “criminales bien curtidos” que conforman un peligro real para la seguridad nacional del vecino país del norte.
La respuesta de nuestras autoridades no se hizo esperar. De inmediato se produjo el desplazamiento de fuerzas de seguridad que hicieron uso de sofisticados equipos antimotines, agredieron y lanzaron gases lacrimógenos en contra de los migrantes, incluidos mujeres y niños. “¡Gracias, México, esperamos trabajar con ustedes!”, tal fue la exclamación con la que el mandatario estadounidense festejó el éxito del operativo policiaco.
Lejos de responder de manera servil, indigna y obsecuente, Peña Nieto debió rehusar acatar la orden imperial y espetarle a Trump la legalidad emanada de cinco instrumentos fundamentales del derecho internacional: I) Carta de la ONU, II) Convención de Derechos y Deberes de los Estados o Convención de Montevideo, III) Declaración de Naciones Unidas sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a la Amistad y la Cooperación entre los Estados, IV) Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, V) Interpretación jurisprudencial sobre los principios imperantes en las relaciones Internacionales establecida por la Corte Internacional de Justicia en el emblemático caso “Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua”.
Ante el energúmeno, asimismo se debieron hacer valer los principios rectores de la política exterior consagrados en el artículo 89, fracción X, constitucional, particularmente los relativos a la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados y el respeto, protección y promoción de los derechos humanos.
Haber hecho ese “trabajo sucio” no solo implicó la ruptura de los principios angulares que conforman el orden público internacional, también conllevó el ataque a seres humanos dignos, trabajadores, llenos de sueños y esperanzas que están huyendo de sus lugares de origen porque su vida, seguridad o libertad están amenazadas por la violencia generalizada, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que perturban gravemente el orden público.
Todo ello encaja perfectamente dentro del ámbito de aplicación material de las normas proteccionistas contenidas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados y la Declaración de Cartagena de 1984. Es decir, los hermanos centroamericanos deben ser tratados como refugiados y no como criminales o sub humanos. Sin lugar a dudas merecen un trato pleno de hospitalidad, calidez, empatía y respeto a su dignidad y a sus derechos humanos. Por consiguiente, deben recibir el apoyo institucional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados y la CNDH.
¡México ahora nos trata diferente, con respeto!, ese fue el jubiloso grito de victoria de Trump ante la actitud genuflexa y manifiestamente antijurídica de Peña Nieto. Impedir la repetición de ese tremendo hachazo a la soberanía nacional y a los derechos humanos debe ser una bandera de lucha de los abogados democráticos, los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil.
