Por Jorge A. Bustamante, Tijuana BC ~ 1º de agosto de 2018
Este artículo es una versión actualizada de uno que escribí y fue publicado en la Revista Ibero No.46, octubre, 2016, poco después de la visita que hiciera el entonces candidato del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos (EU). Desde su acceso a la Casa Blanca no han variado, ahora como Presidente de EU, las expresiones de odio contra los mexicanos, que continúan proyectando a México como si fuera un país enemigo de EU.
Si bien, no se han materializado las expulsiones masivas de inmigrantes mexicanos de las que habló durante su campaña electoral no obstante que ya ha pasado más de un año desde que asumió Trump la presidencia de EU, lo que sí ha aumentado es el miedo de la población mexicana que reside en ese país, pues las referencias de Trump contra los inmigrantes y específicamente contra los mexicanos, no han cesado.
Escribo esta nueva versión después de la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Michael R. Pompeo y comitiva, a los dos, el actual Presidente Pena y su sucesor electo, Lopez-Obrador; y después de que se diera a conocer la carta del segundo al de Estados Unidos.
Esta coyuntura es relevante porque dejó un aire de optimismo que pronto será disipado por la continuidad de las decisiones (suspender Nafta) o de la retórica ofensiva (llamar animales o tratarlos como tales, a los migrantes mexicanos) de un nivel tal, que obligará al liderazgo mexicano (al actual y al electo) a romper lanzas en un sentido más que figurado, con el gobierno de Trump.
Como analista de sus actos y sus consecuencias considero muy poco probable que cambie su retórica y acciones antimexicanas por efectos de la coyuntura, porque la razón de ser de ésta se deriva del compromiso de Trump con la base social que lo eligió; misma que seguirá pensando y actuando (como ayer, 31 de julio, lo demostró en una manifestación antimexicana en Nueva York) o, como Trump lo implicó al amenazar con el “cierre” del gobierno si el Congreso se sigue negando a autorizarle los fondos (25 millones de dólares) para construir el muro que prometió a sus seguidores desde su campaña electoral.
Ese es un Trump que podría llegar a ser históricamente efímero, pero no sus seguidores que le sobreviran pensando igual sobre México y los mexicanos que cuando a coro gritaron ¡BUILD THAT WALL! con un ánimo evocativo de los gritos fanáticos de las turbas ante los discursos de Mussolini o Hitler. Como se sabe, el pasado mes de septiembre el Presidente Trump decidió dar por terminado el programa DACA (Differed Action for Child Arrivals) por el cual el Presidente Obama otorgó un permiso para legalizar la estancia y para obtener trabajo de los que fueron traídos por sus padres a Estados Unidos a donde entraron sin documentación migratoria.
Este programa DACA favoreció a un número aproximado de 800 mil que residen con bases permanentes en EU, aunque técnicamente, son ciudadanos mexicanos por haber nacido en México, pero también son indocumentados, sujetos a deportación, por haber entrado a Estados Unidos sin documentación migratoria, aunque sin haber participado en la decisión de entrar al país sin esos documentos.
A estas personas se les conoce como Dreamers (soñadores) por haber sido sujetos de un proyecto legislativo llamado “Dream Act” que fue presentado ante el congreso estadounidense en varias ocasiones sin haber sido nunca aprobado. El programa DACA, propuesto por el Presidente Obama, estuvo motivado por la idea de ayudar a los Dreamers, autorizándolos a obtener trabajo bajo la idea de que ya tuvieron acceso a las escuelas públicas de EU de donde salieron, creyéndose estadounidenses sin serlo.
De esto último se aprovechó el grupo de gobernadores conocidos por su posición anti-inmigrante que amenazó al Presidente Trump con demandar ante los tribunales federales si no cancelaba el programa DACA antes del pasado 5 de septiembre.
Dada la reiterada posición anti-mexicana y anti-inmigrante expresada por el Presidente Trump, quienes simpatizan con los Dreamers se muestran pesimistas pues la cancelación de DACA afectará a los 800 mil Dreamers que residen sin documentación migratoria en EU por lo que, se convertirán de pronto en sujetos de deportación que podría ocurrir de manera perentoria en volúmenes masivos.
Esto no sólo sería contrario a los intereses de las familias y de las comunidades donde residen actualmente los Dreamers sino, obviamente, también contrario a los intereses de México que se vería obligado a recibir de pronto a los Dreamers deportados.
Como estrategia, contra tal posibilidad, sugiero que el gobierno de México se prepare para obstaculizar tal deportación masiva mediante el ejercicio de su derecho soberano de exigir la comprobación de nacionalidad mexicana de cada uno de los que el gobierno de EU intente deportar a México.
Esto podría producir tal congestión burocrática que podría dar lugar a una carta virtual de negociación bilateral sobre las condiciones de deportación que podrían evitar dicha congestión y, quizá, aun, la postergación definitiva de tales deportaciones, mediante condiciones negociadas sobre los tiempos y los lugares en que podría realizarse una deportación concertada, dado que EU tiene derecho a deportar a los extranjeros que hayan entrado a su país sin su autorización.
Una lectura bien informada de los discursos de Trump y de su significado político, así como de las reacciones que ha provocado con su retórica y su estilo, lo mismo de partidarios que de disidentes, habría permitido adquirir conciencia, tanto de la improbabilidad de persuadirlo de la irracionalidad y ausencia de fundamentación empírica de sus afirmaciones sobre México y los mexicanos, como de su ampliamente demostrada capacidad de manipulación de hechos y de invenciones en favor de sus intereses personales.
Los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos
Es común que en México haya un muy bajo nivel de conciencia de lo mal que les ha ido, y les sigue yendo, a los nuestros en Estados Unidos. Desde los menores que siguen cruzando ilegalmente, hasta los mayores de todas las preferencias sexuales que siguen colándose, las violaciones a sus derechos humanos no sólo se han mantenido hasta la fecha, sino que han aumentado, según lo revelan los datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Donde está ocurriendo actualmente un mayor número de esas violaciones es en el sistema carcelario de Estados Unidos. Una parte importante de la actual política migratoria de ese país es la de privatizar ese sistema.
El gobierno de Estados Unidos ha decidido contratar tanto la construcción como la administración de todos los servicios carcelarios; desde la vigilancia, hasta la alimentación, la sanidad y la atención médica de los presos. Esto ha conducido a que el sistema carcelario se haya convertido en un negocio de ganancias crecientes, entendiblemente alejadas de un interés sobre los derechos humanos de los migrantes.
No podría esperarse ese interés de parte de quienes están a cargo del sistema carcelario con el objetivo principal de hacer dinero.
Basta saber que quienes más aportan a las candidaturas de los políticos del Partido Republicano son los cabilderos o lobistas de las empresas contratadas por el gobierno estadounidense para hacerse cargo de las cárceles. No es difícil imaginar cómo es que esa privatización del sistema carcelario haya llegado a convertirlo en la principal fuente de violaciones a los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos.
El racismo que ha inspirado tal resultado se hizo más visible con la propuesta de un procurador de justicia del estado de Arizona, quien tuvo la idea de aumentar la penalidad de cárcel por entrar sin documentación migratoria a Estados Unidos, equiparándola a un “autocontrabando”; es decir un “contrabando de uno mismo”, por el cual se aplicaría una pena de cárcel diez veces mayor, como la establecida para el delito de contrabando, en lugar de la merecedora por un falta administrativa, como se consideraba antes, el entrar sin documentación migratoria a Estados Unidos.
Lo que en cualquier otro país “desarrollado” habría sido considerado como una aberración jurídica, en Estados Unidos sirvió para inspirar una reforma legislativa federal, que convirtió la conducta de entrar sin permiso a Estados Unidos en “felonía” (delito mayor). De esta manera la pena de cárcel cambió de lugar para su cumplimiento. En lugar de hacerlo en una cárcel local, se tendría que cumplir en una cárcel federal, de las privatizadas.
El objetivo constructivo de este texto quedaría incompleto si no se expresara en él una opinión sobre lo que podría hacer nuestro gobierno en previsión de un aumento en las violaciones de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos.
Habría que empezar por la premisa de que, de acuerdo con nuestras leyes, el Estado mexicano tiene la obligación de proteger los derechos de los mexicanos en el extranjero y éstos tienen el derecho de reclamar que se cumpla tal obligación. Esto no descarta la obligación del Estado mexicano de respetar y hacer respetar los derechos humanos dentro de México, incluyendo los de los extranjeros, sin dejar de anotar la vergüenza con la que se debería reconocer en México el alto nivel de violaciones a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que cruzan por nuestro país.
Siendo esto una preocupación central del autor de estas líneas, bajo esta convicción sobre los derechos humanos, la propuesta que aquí se resume es que el jefe del poder ejecutivo decidiera crear varias Agregadurías de Derechos Humanos en los Consulados generales de Chicago, Los Angeles y San Antonio cuyo papel principal sería defender los derechos de los ciudadanos mexicanos residentes en Estados Unidos en los términos establecidos para las facultades consulares en las Convenciones de Viena.
Como se sabe, estas facultades incluyen la de fungir como Agentes del Ministerio Publico (en los términos de las leyes mexicanas) para dar fe de hechos ligados a homicidios de mexicanos en Estados Unidos que pudieran conducir a “peticiones de extradición” de los policías o law enforcers que estuvieran implicados en homicidios de mexicanos, tales peticiones se harían en condicionando la reciprocidad de las que hiciera el gobierno de Estados Unidos. Tales Agregadurías consulares estarían bajo la dirección y control de la CNDH.
De tal manera que pudiera cumplir con los objetivos para los que fue creada en beneficio de los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos sin tener que hacerlo mediante la intermediación de la Cancillería que ha demostrado una incapacidad burocrática para hacerlo en la medida que requiere el volumen de la demanda de servicios de protección y defensa de los derechos de los mexicanos en aquel país.
JORGE A. BUSTAMANTE
Doctor en Sociología por la Universidad de Notre Dame, en los Estados Unidos, en donde actualmente es profesor. También es profesor emérito en El Colegio de la Frontera Norte. Experto en problemas de migración internacional, sus publicaciones sobre este tema son múltiples. Entre sus libros destaca Migración internacional y derechos humanos. Ha sido presidente de El Colegio de la Frontera Norte y Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes. Ha sido candidato al Premio Nobel de la Paz.
