Por Primitivo Rodriguez | El Magonista | FEB. 14, 2022
Las niñas y niños ocupan un lugar privilegiado en el corazón y la mente del pueblo estadunidense. Resguardar su dignidad y derechos es una de nuestras principales responsabilidades, así como gozar de su compañía es uno de nuestros mayores privilegios.
De ahí que gobierno y sociedad trabajemos a diario a fin de lograr un mejor futuro para ellas y ellos. A la vez, el potencial humano que alcancen cuando sean adultos será el motor de un desarrollo que a todos nos beneficiará. Hoy somos su soporte; mañana serán el nuestro.
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la calidad de un país y su fortaleza se miden por el trato que da a sus niñas, niños y menores de edad.
Por lo mismo resulta incomprensible que en México y Centro América haya actualmente alrededor de un millón de niñas, niños y adolescentes estadunidenses en una especie de exilio forzado a causa de la deportación de sus padres indocumentados.
Ningún país en el mundo registra un fenómeno similar. Tal exilio equivale en los hechos a una tortura cotidiana ya que esos menores de edad no pueden hablar su lengua, ingresan a un sistema escolar totalmente distinto al que han tenido, pierden costumbres y forma de vida estadunidenses, y padecen una dramática caída en su calidad de vida.
El exilio forzado de cientos de miles de sus ciudadanas y ciudadanos hace de Estados Unidos uno de los mayores violadores de derechos humanos. Así mismo, lo coloca en los primeros lugares de países que degradan la ciudadanía de un sector que merece especial cuidado: los menores de edad.
Dicho exilio forzado no es un tema migratorio. Tampoco es un asunto que competa a tribunales de migración. Tal exilio tiene que ver con la ciudadanía, con el trato que se da a ciudadanas y ciudadanos menores de edad, con los derechos que les otorga la Constitución y documentos internacionales ratificados por Estados Unidos.
¿Desde cuándo vale más castigar una falta administrativa en migración que proteger la dignidad y derechos constitucionales de niñas, niños y adolescentes estadunidenses?
¿Desde cuándo la Constitución de Estados Unidos está por debajo de la ley de migración?
El exilio forzado del que hablamos es una vergüenza para nuestro país, como lo fueron anteriormente la deportación masiva de ciudadanas y ciudadanos estadunidenses de origen mexicano durante la Campaña de Repatriación de los años 30 del siglo pasado, y la Operación Espaldas Mojadas de los años 50. Tampoco enaltece la historia del país, todo lo contrario, el confinamiento en extremo injusto de miles de mujeres y hombres estadunidenses de ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué ley faculta al gobierno para dañar la salud mental de cientos de miles de sus ciudadanas y ciudadanos menores de edad? ¿Qué ley le permite empujarlos a ocultar su nacionalidad, idioma y forma de ser a fin de evitar burla y agresiones? ¿En qué mandato se basa el gobierno para orillarlos a perder el sentido de pertenencia a Estados Unidos?
En todo el mundo se sabe que agredir a ciudadanas y ciudadanos estadunidenses será duramente castigado por nuestro gobierno. ¿Qué castigo merece, entonces, este mismo gobierno por el exilio forzado que en los hechos ha impuesto a cientos de miles de menores estadunidenses?
En múltiples ocasiones el Departamento de Estado ha recomendado a ciudadanas y ciudadanos no viajar a México, Guatemala, El Salvador y Honduras por el serio peligro que la actividad de cárteles de la droga y bandas de la delincuencia organizada representa a su libertad y propia vida. Ello no obstante, autoridades de migración han obligado a residir en México y Centroamérica a cerca de un millón de niñas, niños y adolescentes por la simple razón de ser hijas e hijos de trabajadores no autorizados.
Sólo hay una alternativa ética, política y legal para resolver esta tragedia humanitaria sin precedente en nuestra historia: regresar a la brevedad posible a esos miles de niños, niñas y adolescentes a su país de nacimiento. Reunificarlos con Estados Unidos de América, su nación, su casa.
Y que regresen con sus padres. No podría ser de otra manera. Es lo justo. Es también lo mejor para nuestros valores familiares y la fortaleza del país. Contamos con la experiencia requerida para acordar cual proceso de regularización migratoria seguirían sus familias.
Regresar a casa a las niñas, niños y menores en exilio forzado será un juego de ganar-ganar. Ganan ellas y ellos regresando a su patria, y hacerlo en compañía de su familia; ganamos nosotros al honrar y fortalecer la ciudadanía estadunidense y acrecentar nuestros recursos humanos.
Gana la nación al acoger nuevamente en su seno a sus hijas e hijos, y ganan las comunidades a las que ellas y ellos pertenecen. Gana la Constitución y ganan nuestros valores y tradiciones familiares. Ganan la justicia y gana el interés del país.
Hoy ganamos todas y todos y también ganaremos mañana.
