WASHINGTON.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) divulgó este martes su esperada “guía” para la aplicación de la nueva política migratoria de EEUU, que por ahora protege a los “Dreamers” pero amplía las deportaciones y criminaliza a quienes abusen de beneficios públicos o usan “coyotes” para traer a sus hijos a este país.
En sendos documentos, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, detalló el enfoque del combate contra la inmigración ilegal, que despejó dudas sobre el alcance de la nueva política: prácticamente nadie quedará a salvo de las acciones policiales para resguardar la seguridad nacional.
Los memorandos, aprobados por los abogados de la Casa Blanca el pasado fin de semana, dejan en claro que las acciones policiales no estarán dirigidas contra los beneficiarios del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, que protege de la deportación a más de 750,000 jóvenes indocumentados.
Sin embargo, falta ver lo que decidirá Trump sobre el futuro del programa, que confiere a sus beneficiarios un permiso de trabajo, acceso a la educación universitaria, y licencias de conducir en ciertos estados.
Durante una conferencia telefónica, uno de tres funcionarios del DHS, que pidieron el anonimato, indicó que “no hay necesidad para el pánico en las comunidades”, que la aplicación de los memorandos tomará tiempo, y que los agentes de Inmigración los usarán con “discreción”.
El funcionario agregó que el gobierno no tiene ni el personal ni el tiempo ni los recursos para redadas masivas o para “tirar a montón de gente en buses”, por lo que la narrativa de una deportación masiva es “enteramente un invento” de la gente.
Ambos documentos son casi idénticos a las órdenes ejecutivas que emitió el presidente Donald Trump el pasado 25 de enero, pero ninguno contiene órdenes para el despliegue de miembros de la Guardia Nacional a los estados fronterizos, como sugería un borrador desmentido por la Casa Blanca la semana pasada.
Aunque el DHS busca aplacar temores, la implementación de las órdenes ejecutivas, advirtieron activistas, se presta a violaciones al debido proceso, de los derechos humanos, y de la protección de grupos vulnerables, y a posibles litigios en los tribunales.
A continuación, un listado de los puntos más destacados de la “guía” en el combate contra los inmigrantes indocumentados:
Más “deportables”.- Si en 2014 la Administración Obama estableció prioridades para la deportación, el gobierno de Trump va más allá y ordena que los agentes de Inmigración deporten a todo individuo que sea una amenaza para la seguridad pública o nacional; que tenga órdenes finales de deportación; que esté implicado en pandillas o narcotráfico, o que haya sido condenado o acusado por cualquier delito.
La lista de delitos “deportables” incluye fraude contra cualquier agencia gubernamental, e incluso a inmigrantes que “han abusado de cualquier programa relacionado con el recibo de beneficios públicos”. Una ley federal vigente desde 1996 ya establecía castigos sobre esto, pero nunca se había aplicado.
Agilización de deportaciones sumarias.- Según el DHS, los agentes de Inmigración, tanto en la frontera como al interior de EEUU, agilizarán las deportaciones “expeditas”, que en el gobierno de Obama iban contra personas detenidas en los primeras 14 días de su cruce ilegal y dentro de una periferia de 100 millas de la zona fronteriza.
Ahora, el DHS podrá deportar a cualquier indocumentado en cualquier parte del país y que lleve hasta dos años “sin papeles” en EEUU. La agencia federal hace una excepción para menores de edad, para quienes solicitan asilo o expresan “miedo a la persecución o tortura, o temor a regresar a su país”.
Deportaciones a México de no mexicanos.- El DHS quiere facilitar la deportación a México de inmigrantes indocumentados aunque no sean mexicanos, para así enfocar sus recursos en “otras prioridades”. La CBP tendría que hacer arreglos para que éstos puedan tener acceso a instalaciones para repasar mediante video-conferencias sobre sus casos de asilo o deportación. La agencia precisó que EEUU sigue negociando los elementos de este arreglo con México.
Procesamiento de niños no acompañados.- Con algunas excepciones, los agentes de ICE o CBP debe determinar si un menor de edad debe ser trasladado o no a los albergues a cargo del Departamento de Salud en un plazo de 72 horas mientras aguarda la resolución de su caso en un tribunal de inmigración.
La definición de “un niño no acompañado” se refiere a un menor que “no tiene un padre o custodio legal en EEUU, o que no tiene a un padre o custodio legal disponible en EEUU para proveer cuidado y custodia física”.
En los últimos tres años, las autoridades han detenido en la frontera sur a cerca de 155,000 niños no acompañados, la mayoría de El Salvador, Honduras y Guatemala, según datos oficiales.
El DHS dijo que el 60% de estos menores son entregados a al menos un padre indocumentado, y condenó que éstos han mantenido esa definición legal cuando ya no están bajo custodia federal y que, a su juicio, muchos padres o custodios legales han abusado de esa práctica.
El muro va.- Las tareas de planificación, diseño, construcción y mantenimiento del muro fronterizo recaen sobre la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP, en inglés), en consultas con otras agencias y organismos no gubernamentales.
El DHS no especifica el costo ni si México lo financiará -como ha insistido Trump-, pero pide que la CBP identifique y designe “todas las fuentes de fondos disponibles”.
Ampliación de centros de detención.- El DHS designará fondos para ampliar los centros de detención en o cerca de la frontera con México, especialmente para expandir las detenciones de hasta 72 horas, y en los centros de detención en el resto del país. No descarta que ICE y la CBP “compartan” instalaciones temporales. Kelly también pidió aumentar el número de oficiales para “adjudicar” casos de asilo en los centros de detención.
Contratación de 15,000 agentes.- Tal como lo indicó la orden ejecutiva el mes pasado, el DHS tiene luz verde para contratar “de forma expedita” a 10,000 agentes para la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), y a 5,000 agentes de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP, en inglés) para reforzar la vigilancia fronteriza. Este elemento necesitará la aprobación de fondos adicionales por parte del Congreso.
Ampliación de programa “287g”.- El DHS reactivará y ampliará el controvertido programa que permite a las autoridades locales y estatales hacer las veces de agentes de Inmigración, para así participar en la investigación, arresto o detención de extranjeros, pese a que esas tareas han recaído en el gobierno federal.
Según el DHS, el programa, ejecutado a través de “acuerdos” con las jurisdicciones y entidades policiales, ha sido un “exitoso multiplicador” de las fuerzas del orden y su lucha contra la inmigración ilegal.
A pesar de la intensificación de su programa anti-inmigrantes, Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca, aseguró hoy que no se trata de un plan de deportaciones “masivas”, sino de un plan de seguridad nacional.
