Lo que más llama la atención de la captura en Los Ángeles del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, acusado por la DEA de narcotráfico y lavado de dinero, es que la acción se produjo de manera unilateral, sin la colaboración ni el conocimiento del gobierno mexicano, lo que pone en entredicho la supuesta buena relación que éste tiene con la Casa Blanca.
Esta acción inédita es un golpe demoledor no sólo contra la imagen del Ejército mexicano sino contra la administración de López Obrador que ha dejado en manos de los militares no solo todas las tareas concernientes a la seguridad del país y el combate al narco sino muchas otras como el control de aeropuertos y aduanas y la construcción de proyectos de importancia vital como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Inicialmente, López Obrador trató de situar el arresto de Cienfuegos, que estuvo a cargo de las fuerzas armadas durante la gestión de Peña Nieto, como parte de su narrativa de la enorme corrupción que caracterizó a los gobiernos del PAN y del PRI. Al día siguiente de la detención, el presidente dijo que todos los involucrados con Cienfuegos serían suspendidos.
La situación, sin embargo, es mucho más compleja. López Obrador se ha dado cuenta ahora que no puede condenar a Cienfuegos sin dañar al resto del Ejército y, por ende, su proyecto de gobierno. Por esta razón ha atenuado sus declaraciones y ha señalado que no habrá limpia de militares hasta que se demuestre si Cienfuegos es culpable o no.
Pero el daño ya está hecho. Al margen de que la DEA pueda probar las acusaciones contra Cienfuegos, quien supuestamente tenía nexos con el Cártel H-2, una célula de los Beltrán Leyva, por lo pronto dentro del Ejército reinan el temor y la incertidumbre. No se sabe cuántos podrían resultar afectados por este escándalo.
Lo más preocupante, para el gobierno de López Obrador, es cómo quedará su relación con Estados Unidos. El hecho de que no le hayan informado sobre el operativo contra Cienfuegos demuestra que hay un profundo malestar con la política de AMLO hacia el narcotráfico, especialmente a raíz del llamado “Culiacanazo”.
Como se recordará, ese hecho tuvo lugar el 17 de octubre de 2019, cuando comandos armados se apoderaron de las calles de Culiacán para exigir la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, que había sido detenido para cumplir con una orden de extradición de Estados Unidos. Ante la amenaza de que estallara la violencia, el presidente de México ordenó a las fuerzas armadas que lo soltaran.
A ello se agregan otros incidentes que han resultado muy controversiales como el de que AMLO acudiera a saludar a la madre de “El Chapo” en Badiraguato, Sinaloa y que después intercediera por ella ante las autoridades de Estados Unidos para que pudiera visitar a su hijo, preso en una cárcel de alta seguridad de Nueva York.
Las consecuencias de esos hechos y de la detención de Cienfuegos son de extrema gravedad. Han puesto en un nivel de suma tensión y desconfianza las relaciones bilaterales entre dos países que se necesitan mutuamente para resolver problemas conjuntos que van desde la migración hasta el combate al crimen organizado.
Por: Maria Luisa Arredondo, Latino California – Octubre 20, 2020
