Según reportan diversas organizaciones y ciudadanos de la diáspora ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hay ocho candidatos que pretenden ser la voz de las necesidades de la migración sin merecerlo y, por tanto, se han presentado el mismo número de impugnaciones para echarlos abajo
Por Gardenia Mendoza | La Opinion | Abr. 2, 2024 | Foto Cortesia de Marco Ugarte
MÉXICO- Si de estrategias para hacerse de una curul en el congreso se trata, los políticos mexicanos no tienen límites para hacerse pasar por migrantes. Si no tienen organizaciones que los respalde en el exterior, se inventan una; si solo han vivido unos meses fuera, también; si no logran candidaturas a puestos más gordos, se agarran de un escaño que debería ser para la diáspora.
El cinismo en el tema llega a tal punto que, aun cuando en elecciones anteriores ya habían sido descubiertos, volvieron a colocarse en las listas plurinominales que los puede llevar por representación proporcional a ser legisladores migrantes aunque sus historias de vista digan que el arraigo ha sido su principal característica.
Según reportan diversas organizaciones y ciudadanos de la diáspora ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hay ocho candidatos que pretenden ser la voz de las necesidades de la migración sin merecerlo y, por tanto, se han presentado el mismo número de impugnaciones para echarlos abajo.
Por parte del Partido Acción Nacional (PAN) son Blanca Leticia Gutiérrez Garza, John Robert Hernández, Luis Alberto Rivera Morales, Jorge Alberto Nordhausen Carrizales y Jorge Ernesto Insunza Armas. Todos en camino para la Cámara de Diputados.
Por parte de Morena, José Alejandro Robles, que quiere un escaño en el congreso de la Ciudad de México; Nadia Yadira Sepúlveda García, apuntada para la Cámara de Diputados y Karina Isabel Ruíz, quien pretende un lugar en el Senado, donde por primera vez contará con representaciones migrantes.
Las organizaciones que presentan las impugnaciones son Fuerza Migrante y el Consejo de Desarrollo Binacional. Ambas coinciden con los nombres de seis candidatos; el activista en Chicago Carlos Aranda, denunció a José Alejandro Robles y la ciudadana mexicana radicada en Estados Unidos Marie Guadalupe Adabache, denunció a la aspirante a la senaduría.
“A criterio de los quejosos, estos candidatos no cumplen con requisitos de las acciones afirmativas, sus argumentos de ser migrantes no son sólidos o presentan documentación falsa”, advirtió Daniel Tatcher, catedrático y experto en el tema del voto de los mexicanos en el exterior de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Ante la falta de legislación sobre la representación política de los mexicanos en el exterior en el congreso, el tribunal electoral determinó incluirlos desde 2021 en un mecanismo conocido como Acción Afirmativa.
Esto quiere decir que, como parte de grupos “minoritarios” que necesitan una agenda particular, los partidos deben incluirlos en sus listas plurinominales para que, si las instituciones políticas logran muchos votos, alcancen un lugar.
“Como no hay una ley que obligue a dar espacio a las candidaturas migrantes, tampoco hay una sanción a los partidos que tratan de engañar con falsos perfiles”, agrega Tatcher.
Esa falta de legislación permite a los partidos políticos colocar a sus fieles, amigos, despechados y otras piezas del ajedrez en un escaño migrante como premio de consolación, coincide Juan Carlos Guerrero, del Consejo de Desarrollo Binacional, una de las organizaciones inconformes.
“Esto se puede hacer debido a los requisitos tan básicos que piden para demostrar que son migrantes: cualquiera los puede conseguir: residencia fuera del país solo por seis meses, acreditar la vinculación con la comunidad y comprobante de domicilio en el exterior”, detalla.
“Se le pidió al INE (Instituto Nacional Electoral) que se modificara esto desde hace cuatro meses, que pusiera filtros, como pago de impuestos en EE.UU., pero lo echó para abajo”.
Por ahora, el TEPJF tendrá alrededor de dos semanas para resolver si da luz verde o roja a quienes se acusa de ser impostores de la migración. Tanto éstos como los quejosos deberán aportar pruebas de sus argumentos.
Tatcher aclara que las autoridades electorales parten del principio del buena fe de que los partidos respetarán los requisitos que exige la diputación migrante y, si no lo hacen, permiten las impugnaciones a los registros. “Así será hasta que se cambie la ley”.
En la legislatura saliente, se presentaron iniciativas para garantizar y reglamentar las candidaturas migrantes, pero no prosperaron porque el congreso dio prioridad a otros temas.
¿POR QUÉ FAKE?
Entre los perfiles más polémicos se encuentra el de Jorge Ernesto Insunza Armas, un político antiquísimo en las filas del PAN cuya vida ha sido muy activa, pero en México: ha saltado de un puesto a otro entre curules locales del Estado de México y a nivel federal, ha sido dirigente del partido y presidente de la delegación municipal de Cuautitlán.
Por otro lado, José Alejandro Robles, pieza clave de Morena en la capital mexicana, pretende saltar de una curul federal a la local como diputado migrante a pesar de que solo estuvo unos meses en Canadá y volvió para hacerse del escaño en la legislatura pasada presuntamente por su cercanía a los dirigentes del partido.
“Este caso es de destacarse porque hasta hace unos días él quería ser alcalde de Coyoacán y para ello tenía que demostrar su residencia aquí en la CDMX; ahora dice que es migrante en Estados Unidos, ¿entonces?”, cuestiona Tatcher.
“Es una falta de respeto que hagan estos engaños porque sí hay gente que de verdad representa a migrantes, que conoce las necesidades porque tiene años viviendo en EE.UU., que están interesados en participar políticamente y no los dejan”, agrega Guerrero.
Por distar de esa experiencia está impugnada Nadia Yadira Sepulveda García, de la empresa de seguridad Centurión en Jalisco, cuya carrera ha sido más bien como empresaria, de hacerse de contratos de adjudicación directa en su estado, ya con el DIF, ya con el Instituto de Justicia Alternativa; ora con Liconsa o con la Comisión Nacional del Agua…
A ella se suman otros personajes casi surrealistas en el perfil migratorio, como el atleta Luis Alberto Rivera Morales, quien estudió hace años en Arizona y luego hizo vida deportiva para México; Jorge Alberto Nordhausen Carrizales, a quien el TEPJF ya había sentenciado como “impostor” migrante y Blanca Leticia Gutiérrez Garza quien asegura ser de una organización de la diáspora que nadie localiza, amén de su carrera política en Tamaulipas.
Pero hay otros aspirantes cuya impugnación se prevé descartada: el de John Robert Hernández, ex secretario de Migración de Guanajuato, porque su doble nacionalidad lo acredita como migrante nato en ambos países y el de Karina Isabel Ruíz, activista Arizona Dream Act Coalition (DAC), cuyos padres la llevaron a EE.UU. a los 15 años y tiene un trabajo que la respalda documentado.
